Desde el parque
No pasó mucho tiempo. Horas después de nuestra publicación anterior supimos de más muertes con violencia, la de un comandante de policía en Carrillo Puerto, Quintana Roo y de un sacerdote en San Cristobal de las Casas, Chiapas.
Samuel y Marcelino: ambos muy conocidos en sus lugares de residencia, el primero balaceado luego de cumplir sus labores relacionadas con dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía; el segundo ultimado de igual manera luego de cumplir su misión religiosa de reanimar a quienes sufren la violencia y de promover acciones por la paz y el bienestar de sus feligreses.
En nuestro comentario anterior decíamos que “no basta, no es suficiente quejarse cuando la inseguridad es un problema que afecta a casi todo el país mientras que los responsables de dar seguridad a la población niegan su existencia o le restan importancia y lanzan dichos y miradas fulminantes contra quienes opinan diferente a ellos”.
La violencia existe y al parecer no tiene freno. Pocos, muy pocos lugares de este inmenso país tienen el privilegio de no padecer ese terrible flagelo.
Luego de los hechos en los que se acabaron con vidas valiosas, a la mañana siguiente nos enteramos de otra mujer desaparecida en Chetumal y de una madre y su hijo en Tihosuco. Nos enteramos también de que un gobernador, el de Sinaloa, sin vergüenza respondió a periodistas: “Sí”, cuando le preguntaron si los delincuentes seguían haciendo de las suyas en Culiacán, y escuchamos luego que la presidenta dijo en su mañanera: “hay una campaña en mi contra”, en medio de la crisis de seguridad y de legalidad que se vive en el país.
Lo que falta por ver y escuchar, dicen unos.
Ante lo innegable solo cabe reiterar que es indispensable exigir a los titulares de las administraciones municipal, estatal y federal que cumplan con su obligación de dar a los pobladores seguridad, paz y justicia con dignidad en un contexto democrático como parte del bienestar que necesitamos todos.
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